El plácido letargo de la conferencia de presidentes, por Eduard Roig
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UB
Ni tan siquiera la constante aparición de novedades y sorpresas en relación con la investidura del Presidente de la Generalitat de Cataluña habrá conseguido colmar el vacío que ha significado un enero sin Conferencia de Presidentes, tras las esperanzas suscitadas el pasado año. La última edición de la Conferencia, en enero de 2017, no se contentó con reiterar el compromiso histórico (y hasta entonces siempre incumplido) de su reunión anual, sino que “dobló la apuesta” con la previsión de una reunión semestral de su nuevo órgano preparatorio y con la obligación de un informe de seguimiento de los acuerdos adoptados a presentar en la siguiente reunión.
Nuestra frustración es doble: en primer lugar, la nueva incomparecencia de la Conferencia a su enésima cita anual nos deja sin guía ni orientación sobre los retos o cuestiones que nuestros gobiernos consideran de interés y competencia común, o necesitados de impulso. Ciertamente, puede sostenerse que no existen cuestiones relevantes que reclamen su reunión, pues ni el modelo político y administrativo territorial se encuentra en crisis (a fin de cuentas, el art. 155 CE ya debe haber solucionado lo que parecía una crisis y como el Congreso ha constituido una Comisión sobre la reforma territorial, ¿para qué discutir ese aspecto conjuntamente entre los máximos responsables políticos autonómicos y estatal?) ni en las conferencias sectoriales hay ningún tema relevante bloqueado y necesitado de impulso (si el nuevo modelo de financiación debía pactarse en 2014 y estamos en 2017, bien podemos esperar algunos años más…), ni carecemos de claras líneas políticas comunes a todas nuestras administraciones (como muestra la constante aprobación de planes conjuntos o el ordenado despliegue de las iniciativas políticas que implican a todas las administraciones, como el Sistema de dependencia, por no hablar del novedoso uso de los instrumentos de intervención financiera del Estado).
La segunda razón de la frustración es más difícil de superar: la ausencia de la Conferencia nos impide conocer el informe de seguimiento de sus acuerdos del pasado año y, sobre todo, la valoración del mismo que podrían hacer nuestros Presidentes, situados ante las consecuencias efectivas de su labor de dirección política. Para reducir esa sensación de frustración, valgan las siguientes líneas como imprudente y quizás impertinente sustituto y como estímulo de reflexión de aquellos presidentes, o sus equipos, que estén a la espera de poder valorar los resultados de la pasada Conferencia:
- El más novedoso de los acuerdos de la Conferencia de 2017 fue el referido al “reto demográfico”. El Informe señalaría sin duda que el Acuerdo ha tenido relevantes consecuencias, al menos para la “Comisionada para el reto demográfico”, cargo creado en marzo de 2017, que agradecerá el tiempo adicional hasta que se convoque la Conferencia de Presidentes para intentar concretar alguna actuación.
- De “inane” calificábamos hace un año el acuerdo sobre “la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica” en atención a su falta de contenido y orientaciones que permitieran avanzar en el nuevo sistema de financiación, pero el hipotético informe de seguimiento anual quizás pudiera dar un paso más y explicar porqué se dejó a los ilusionados presidentes comprometer avances en un ámbito que ya se preveía irremisiblemente bloqueado, evitando en cualquier caso tomar alguna decisión que contribuyera al desbloqueo.
- El informe podría sorprendernos detallando alguna consecuencia efectiva del acuerdo sobre “desarrollo y aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, administración digital y empleo público” en materia de unidad de mercado, buena regulación y administración digital, aunque sería un detalle que lo hiciera respetando un principio fundamental de la buena regulación como es el uso de conceptos precisos y con contenido propio. En cambio, las bienvenidas previsiones sobre especial consideración de los sectores de servicios sociales, educación, sanidad y seguridad en la nueva oferta de empleo público, así como de una óptica más flexible para la consideración de la interinidad en estos ámbitos, se beneficiarían de una evaluación rigurosa de lo sucedido en las distintas administraciones españolas.
- El Informe podría extenderse en la efectiva aplicación de los acuerdos sobre educación y violencia de género, que en efecto han dado lugar a debates en el seno de la omisión General de Comunidades Autónomas del Senado, o en materia de protección civil y participación en asuntos europeos, que han llevado a reuniones de las conferencias sectoriales correspondientes. Más difícil sería, en cambio, que detallase alguna concreción resultante de tales debates, pues no hay noticia de la misma, o que se refiriera a algún aspecto priorizado por la Conferencia de Presidentes de 2017, pues ninguna priorización realizó.
- Finalmente, los acuerdos sobre desarrollo de la tarjeta social, sobre pobreza energética y sobre políticas de empleo no parecen haber transformado la dinámica de estos ámbitos, pues, de nuevo, no incluyeron ninguna orientación al respecto. La “tarjeta social” sigue donde estaba hace un año. La “Estrategia española de activación del empleo 2017-2020” no se aprobó hasta el pasado mes de diciembre (de 2017) y no parece que los acuerdos de la Conferencia hayan tenido influencia ninguna en ella; desde luego no más que las sentencias del Tribunal Constitucional que por enésima ocasión han señalado la competencia autonómica fundamental en este ámbito.
En resumen, el Informe situaría a la Conferencia ante su propia irrelevancia; y quizás así los presidentes decidirían transformar su dinámica o, al menos, volver a reformar su Reglamento para renunciar a tareas inútiles de seguimiento y a compromisos de reunión futura, asumiendo que la Conferencia de Presidentes sigue siendo en nuestro sistema un ausente a quien nadie echa de menos excepto cuando el Presidente del Gobierno cree necesario mostrar una imagen de acuerdo.
Por fin, podría el eventual informe de seguimiento terminar como lo hace este post, justificando su propia existencia en el compromiso adquirido con sus lectores en enero de 2017, ya que no en el interés de seguir un desarrollo por completo irrelevante.
