¿Para qué sirvió la Conferencia de Presidentes?, por Eduard Roig

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UB

(English version).

La Conferencia de Presidentes del pasado día 17 adoptó once acuerdos que, a primera vista, expresan la capacidad de acción de este órgano, en un contexto caracterizado por la actual relación entre PP y PSOE y la ausencia de los presidentes nacionalistas. Conviene sin embargo examinar más detenidamente los textos acordados, y las cuestiones que no han sido objeto de acuerdo.

–    Poco aportan los acuerdos en materia de políticas de empleo, protección civil, educación, violencia de género, tarjeta social, pobreza energética o participación en asuntos europeos. Ninguno de estos siete acuerdos introduce elementos nuevos en nuestro sistema, resuelve conflictos o aspectos de discusión entre Estado y Comunidades o incluye alguna orientación de fondo sobre los trabajos a desarrollar en el futuro, más allá de obviedades como el avance en la modernización de los Servicios Públicos de Empleo, la mera previsión de debates genéricos (sobre “violencia de género” o, más abierto aún, sobre “educación”) o la resurrección de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, aunque ni ella misma sepa con qué fin debe volver a su (languidenciente) vida anterior.
–    El acuerdo sobre “la sostenibilidad del Estado de Bienestar y la reforma de la financiación autonómica” parece prometer más a partir de tal  título. Pero la relación de principios que se dirigen a la Comisión de Expertos (solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función de su coste efectivo) ilustra claramente sobre su inanidad, elevada a su máximo cuando la mención expresa de dependencia y gasto sanitario se limita a su “análisis” y actualización.
–    Algún contenido más puede extraerse del Acuerdo sobre desarrollo y aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, administración digital y empleo público. No desde luego de la mención a la unidad de mercado y la buena regulación, “mantras” de toda reunión o texto legal irrelevante que se aprueba en los últimos años; pero sí al menos de las previsiones en materia de empleo público, de las que se desprende la necesidad de una consideración más decisiva de los sectores de servicios sociales, educación, sanidad y seguridad en la nueva oferta de empleo público, así como de una óptica más flexible para la consideración de la interinidad en estos ámbitos.
–    El acuerdo sobre la “Estrategia nacional frente al reto demográfico” resulta la aportación más significativa de la Conferencia, pues se trata de un elemento novedoso en el debaste institucional, concretado en un instrumento específico y orientado a tres cuestiones fruto de una opción política concreta: envejecimiento, despoblamiento territorial y población flotante.
–    Por último, el acuerdo de modificación del Reglamento de la propia Conferencia aporta dos nuevas perspectivas que pueden ser muy útiles…para las próximas reuniones, siempre que no tarden cuatro años más: el seguimiento de los acuerdos adoptados mediante un informe a elevar a la misma Conferencia y la coordinación de las conferencias sectoriales. Quizás así la Conferencia de presidentes podrá constatar los efectos de sus acuerdos y, sobre todo, los ámbitos de acción (o de inacción) de las conferencias sectoriales en los que más se necesitaría de su tarea de impulso.

Si los acuerdos adoptados ponen de manifiesto el limitado interés de la Conferencia, el silencio sobre cualquier otra cuestión resulta aún más significativo. No sabemos si la Conferencia abordó otras cuestiones de (mayor) interés para los ciudadanos, pues la Conferencia no asume un documento de conclusiones en el que podrían caber aspectos de debate o desacuerdo y líneas de avance parcial o en las que profundizar en el futuro, a diferencia de lo que hacen otros órganos similares. Tan solo a través de las declaraciones de algunos participantes hemos sabido del debate sobre competencia fiscal entre las CCAA de régimen común, sin que exista documento alguno que haya plasmado los términos de ese debate o posibles líneas de discusión al respecto.

Si, como decíamos al inicio, no ha habido Conferencia que haya disfrutado de un contexto político-institucional más favorable, ¿cómo podemos explicar tan limitados resultados? La respuesta, en mi opinión, está en la propia concepción de la Conferencia de Presidentes como un evento extraordinario, que aparece inopinadamente al margen de los trabajos y conflictos diarios del estado autonómico y que se prepara exclusivamente para alcanzar acuerdos. Una Conferencia más ordinaria, incardinada en el sistema de conferencias sectoriales, y que se comprenda como una instancia de diálogo periódico y avances parciales sobre un previo esfuerzo prolongado de discusión y trabajo conjunto, lograría resultados de mayor utilidad, y lo haría probablemente aunque el contexto político-partidista fuera menos favorable. Por esta razón el acuerdo sobre la reforma del Reglamento de la Conferencia ofrece alguna esperanza para el futuro, pero no cabe ignorar que esos mismos propósitos ya se tuvieron en reuniones anteriores, aunque sin concreción reglamentaria.

Para hacer realidad esos propósitos tres elementos son centrales para el futuro: aumentar la periodicidad de la Conferencia (un órgano que se reúne cada cuatro años no puede desarrollar dinámicas estables ni servir de referencia al resto de órganos de cooperación), lo que disminuye el grado de tensión política que conlleva; transformar a las Comunidades Autónomas de invitados (más o menos bienvenidos) en propietarios de la Conferencia, de modo que no sólo reaccionen a las iniciativas estatales sino que impulsen las propuestas de su interés; y desarrollar una secretaría eficaz y permanente que conozca los trabajos sectoriales, que pueda fijar aspectos de necesario debate político y que sirva como punto de referencia estable para las demandas de impulso o de desbloqueo que puedan surgir en el día a día intergubernamental. Es discutible que los miembros del “Comité preparatorio” del Reglamento de la Conferencia sirvan a este fin, que más bien exige una adecuada mezcla de los gabinetes de los presidentes (estatal y autonómicos) y el Ministerio competente en materia de cooperación territorial.

Pero el riesgo es que, pasada la actual fase de necesaria “visualización” de acuerdos y consensos, la inercia del funcionamiento descabezado de nuestro sistema de relaciones intergubernamentales se imponga, las Comunidades sigan ensimismadas y la Conferencia vuelva a ser un trámite pendiente que nadie tiene interés en activar; y las ausencias en la misma no sean más que otra cara de la omnipresente dinámica de imagen sin contenido ni coste alguno. Si Dios, y los editores de este blog, quieren, el próximo 17 de enero de 2018 podremos volver sobre ello.

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