LA DEMOCRACIA BAJO ATAQUE: redes sociales, desinformación y control jurisdiccional en las elecciones brasileñas de 2022
Profesor e investigador en Derecho y Tecnología, Faculdade de Direito de Vitória
El debate sobre las relaciones entre Derecho y Tecnología acapara cada día más espacio en los ámbitos académicos, así como en los usos de las prácticas jurídicas en todo el mundo. Estas innovaciones en muchas ocasiones son celebradas, pero, en otras, son objeto de preocupación, al igual que el futuro de las instituciones político-jurídicas e, incluso, de la propia cultura jurídica.
En este ambiente, uno de los temas más preocupantes es el del impacto de la «Revolución de Internet» en el ámbito de la política y, especialmente, en el campo de la democracia liberal.
En este contexto, con una mirada retrospectiva, podemos decir que hemos pasado de una lectura positiva acerca de las potencialidades de las nuevas tecnologías y, en particular, de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs), para lo que se creía que sería el futuro de la democracia, en cuanto ampliación de los espacios, de los actores y de las prácticas democráticas. Esta posición es defendida en la literatura especializada en las últimas décadas del siglo XX y la primera del actual (XXI).
Los sucesos ocurridos entre el final de la primera década y los años iniciales de la segunda llevaron a pensar que la democracia liberal entraría en una nueva fase de rediseño. Pueden señalarse, a modo de ejemplo, los hechos ocurridos en Egipto, el movimiento Occupy Wall Street o el movimiento de los indginados en España, entre otros.
Incluso en Brasil, durante las manifestaciones de junio-julio de 2013, había una cierta percepción vinculada a esta concepción. La democracia estaba siendo «cualificada y cuantificada» con el uso de las NTICs.
Desde entonces, algo cambió. El caso Cambridge Analytica y la repercusión del Brexit y de la elección de Donald Trump en los EE.UU. hizo aparecer una nueva percepción. Ahora gana fuerza una lectora, en cierto modo ya presente con anterioridad en el debate académico -por ejemplo “Gli Ingegneri del caos: teoria e técnica dell’Internaziole populista” -, que identifica potencialidades negativas para la «cyberdemocracia».
Con la publicación de la fórmula utilizada para la identificación, perfilamiento, condicionamiento y predisposición de los ciudadanos y, particularmente, de los electores, comenzó a revisarse esa lectura inicial y se adoptó una visión más crítica-reflexiva, cuando no pesimista, para el presente y el futuro de la democracia liberal y de sus métodos.
Lo que se vio fue el uso masivo de los medios digitales para la cooptación de los electores así como para el condicionamiento de conductas, sobre todo a través de modelos algorítmicos de almacenamiento y tratamiento de datos.
El tránsito de una «era de la información» a una «era de la cuantificación» crea nuevas interrogantes sobre la relación entre democracia y tecnología, en un sentido que supone pasar de la «ciberdemocracia» a la «fakedemocracia», esto es, para una nueva era populista-autoritaria, proyectando una crisis profunda de los modelos democráticos.
Brasil no ha quedado inmune en este proceso. En las elecciones de 2018 se identificaron prácticas de comunicación que animaban el discurso del odio, información anticientífica y todo tipo de desinformación.. Pese a las alertas, se vio una completa desorientación de las estructuras político-institucionales para hacer frente al uso de las NTICs en el proceso electoral de aquel año, que llevó a la victoria en las urnas del candidato de extrema derecha.
Después de la investidura, desde algunas redes sociales se siguió construyendo un relato propio del poder que erosionaba la legitimidad democrática de la Constitución Federal brasileña de 1998.
Durante el período 2019-2022, en todo el espectro comunicativo de la extrema derecha brasileña se observó la proliferación de «fake news», del discurso de odio, etc., además del uso de lo que llamamos «milicias digitales» en las redes sociales, en un proceso orgánico -que incluso, como se supo después, era animado desde las esferas del Palacio de Gobierno por personas muy cercanas a la Presidencia -que forjaba un proceso de radicalización de los miembros de los grupos creados en el WhatsApp, Tik Tok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Kwai y Telegram, entre otros[i].
En ese contexto, las instituciones, sobre todo las del Sistema de Justicia Electoral, por un lado, fueron atacadas y bombardeadas con discursos de deslegitimación basados en la desinformación y, por otro, asistieron atónitas al uso masivo de los mecanismos digitales, en 2018. Posteriormente, en las elecciones locales -municipales- de 2020, a pesar de tratarse de un ámbito reducido, los grandes municipios, especialmente, fueron utilizados como una especie de laboratorio para lo que acontecería en 2022, con las nuevas elecciones presidenciales.
En el año que paso se vivió un fortalecimiento del uso de los medios digitales para la deslegitimación del Sistema Electoral brasileño para permitir el desarrollo y radicalización de conductas y prácticas sociales.
Al mismo tiempo, el Sistema de Justicia Electoral creó y reforzó estrategias con el objetivo de regular, administrar y actuar contra estas prácticas. En resumen, en el apartado normativo se dictó la Resolución TSE nº 23714/2022, para normalizar el uso de las NTICs, especialmente en lo relativo a la desinformación. En el ámbito administrativo, se crearon instrumentos y servicios para la identificación de publicaciones falsas o de desinformación y para la orientación a los electores para que no se contaminaran por estas publicaciones. Entre ellas podemos destacar «Hecho o rumor»[ii] o la aplicación «Pardal», que permite el envío de denuncias a la Justicia Electoral, además de un «Sistema de Alerta», que permite el registro de denuncias relativas a desinformación, discurso de odio, violencia política y recepción de mensajes no deseados con contenido electoral (los llamados «disparos en masa», generalmente realizados por medio de «bots» o por servicios especializados».
Desde una perspectiva estrictamente jurisdiccional, se instauraron diferentes procedimientos para el castigo e imposición de consecuencias jurídicas por la difusión de tales contenidos en las redes sociales. Aquí, considerando las características de estos nuevos instrumentos, la Justicia Electoral promovió «acuerdos de colaboración mutua» con las plataformas que operan las redes sociales en Brasil, con la finalidad de que las mismas actuasen en el combate contra la desinformación en las elecciones de 2022.
Así se organizó el Sistema de Justicia Electoral para el proceso electoral de 2022 en Brasil.
Otra de las novedades presentadas fue la creación de Misiones de Observación Electoral Nacionales (MOE), lo que permitió que la sociedad civil o instituciones de enseñanza, entre otras, propusiesen proyectos de acompañamiento del proceso electoral, contribuyendo así a la mejora del sistema electoral brasileño y a la fiabilidad del proceso electoral.
En ese ámbito, tuvimos la oportunidad de liderar un Grupo de Observadores Electorales, acreditados por el Tribunal Superior Electoral, cuyo objetivo fue el de acompañar el proceso electoral para la Presidencia de la República y el uso de las redes sociales, para analizar la capacidad del Sistema de Justicia Electoral de luchar contra esa «máquina de desinformación» presente en las democracias liberales.
A lo largo de este período, hicimos seguimiento de lo que ocurría en el ambiente digital, así como de la efectividad de las prácticas adoptadas para su regulación, control y combate.
En este momento, en un análisis preliminar de los resultados, podemos extraer algunos datos iniciales, lo que nos permitirán, al final, ofrecer algunas conclusiones, así como sugerencias de mejora, revisión y adopción de nuevos mecanismos y estrategias.
Para ejemplificar, pudimos identificar, aunque este número aún puede ser revisado, un total de 531 acciones propuestas junto al Tribunal Superior Electoral, por ser este la autoridad competente para resolver las acciones judiciales que afectaban a las candidaturas presidenciales. Este universo, cuando sea actualizado, servirá de parámetro para algunos análisis conclusivos, mostrando, desde luego, la frecuencia de este contenido.
En un primer momento, el análisis de estos procesos judiciales apuntan a las plataformas más utilizadas y, por tanto, a las que se enviaron mayor número de requerimientos para el bloqueo de cuentas o la retirada de contenido, si bien, en algunos casos, la misma publicación aparece en más de una plataforma digital.
Los datos también muestran que las redes digitales, -plataformas, sitios propios o de noticias- son los principales medios utilizados para la divulgación y propagación de desinformación, discurso de odio, etc., quedando en un lugar secundario, aunque existente, los medios analógicos.
En cuanto a quiénes recurren al Sistema de Justicia en busca de un pronunciamiento contra una publicación que considera disconforme con la legislación electoral, en el caso de Brasil en 2022, durante las elecciones presidenciales, podemos observar que la coalición del candidato Lula -Brasil Esperanza- fue la que más acudió a los jueces, lo que da indicación de cuánto utilizaron sus adversarios la desinformación, en un sentido amplio. Por otro lado, la coalición del entonces Presidente y candidato -Bolsonaro- también acudió a esos instrumentos para buscar la actuación de la jurisdicción electoral, aunque aparece en menor número de ocasiones.
Por otro lado, como parte denunciada, de nuevo las dos coaliciones de los principales candidatos son aquellas que aparecen en la mayoría de los procedimientos judiciales. No obstante, llama la atención la presencia de los candidatos individualmente. Además, en cuanto al resto, se observa que los hijos del candidato Bolsonaro, diputados y una empresa de medios tradicionales están presentes en numerosos casos. Una lectura contextualizada permite evidenciar que los mayores propagadores de «desinformación» pertenecen al espectro «bolsonarista», vinculados a la vertiente de extema derecha.
En la referencia al objeto de los procedimientos, la mayor parte de ellos pretenden obtener un pronunciamiento de «derecho de réplica», o cuestionan el contenido (datos no verdaderos y conscientemente falsos, de acuerdo de la Resolución mencionada más arriba).
| ASUNTO | MENCIONES |
| DERECHO DE RÉPLICA | 196 |
| MENTIRA O DATO FALSO CONSCIENTE | 148 |
| ABUSO (DE PODER POLÍTICO O DE MEDIO) | 10 |
| PROPAGANDA ANTICIPADA | 21 |
| PUBLICIDAD ELECTORAL OBLIGATORIA | 24 |
| PUBLICACIONES INDUCIDAS | 13 |
| INTERNET | 38 |
| REDES SOCIALES | 6 |
Estos primeros datos tabulados tienen apenas un carácter instrumental, permitiendo conocer cuantitativamente el impacto del uso de las NTICs en el proceso electoral de 2022, para la Presidencia de la República, así como algunas referencias en cuanto al contenido de las cuestiones planteadas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Queda pendiente, no obstante, el análisis de la efectividad de los medios utilizados para el mantenimiento de la integridad del proceso electoral, así como las repercusiones del mismo para la cultura jurídica, tal y como viene siendo estudiado por parte del grupo vinculado al MOE/TSE/FDV que coordino. Tan pronto como estén concluidos se harán públicos.
Una conclusión primaria apunta, de nuevo, al papel de las NTICs en las democracias liberales, con un predominio acentuado de su uso para discursos de y prácticas de desinformación, con un fuerte impacto en las estructuras de las instituciones políticas, en la manipulación electoral y en la deslegitimación de los resultados electorales.
Así, los riesgos para la democracia están muy presentes y será preciso reinventar métodos y prácticas adecuadas contra su peligrosa permanencia.
De otro modo, aquella «utopía» inicial será sustituida, definitivamente, por la derrota de la democracia. Es preciso estar atentos.
[i] Diferentes investigaciones periodísticas apuntan a operaciones comunicatives orquestadas directamente desde el entorno presidencial. A modo de ejemplo: NY Times (https://www.nytimes.com/es/2020/08/04/espanol/opinion/bolsonaro-oficina-odio-brasil.html), El País (https://elpais.com/internacional/2020-07-10/facebook-rompe-la-oficina-del-odio-una-red-de-88-cuentas-de-apoyo-a-jair-bolsonaro.html), O Globo (https://oglobo.globo.com/politica/cpi-da-covidfilhosde-bolsonaro-comandaram-rede-de-fake-news-na-pandemia-aponta-relatorio-final-25243495), La Nación (https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-brasil-bolsonaro-nid2348809/), o incluso un exministro del Gobierno Bolsonaro (http://www.real.fm.br/noticia/672/sergio-moro-afirma-que-filho-de-jair-bolsonaro-carlos-bolsonaro-e-ligado-ao-gabinete-do-odio?print=1)
¡Qué interesante, gracias!