¿La Unión Europea al rescate?
Catedrático de Derecho de la Unión Europea de la Universitat de Barcelona
El 24 de marzo, en la reunión del Eurogrupo, integrado por los responsables ministeriales de economía y finanzas de los países que integran la Unión Económica y Monetaria (UEM), se constató la dificultad de consensuar una réplica enérgica para hacer frente a la pandemia del Covid-19. La propuesta de efectuar una emisión de deuda pública de la eurozona (los denominados corona bonos) que diera una respuesta conjunta para financiar las medidas para contrarrestar la crisis no obtenía el beneplácito del Eurogrupo. Esta propuesta implicaba que los 19 países de la UEM (la UE menos Suecia, Dinamarca, Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumanía y Croacia) garantizarían la emisión, avalarían la devolución del importe solicitado y compartirían el riesgo de un hipotético impago.
Al frente de la oposición se alzan Alemania y algunos de los países que forman la denominada Liga Hansática (liderada por los Países Bajos) que se resisten firmemente a cualquier posibilidad de emitir deuda garantizada por el conjunto de las economías de la eurozona que mutualice los riesgos.
Este grupo (Países Bajos, Finlandia, Irlanda, Estonia, Letonia y Lituania, junto con Dinamarca y Suecia desde fuera de la eurozona) aboga por un estricto mantenimiento del equilibrio presupuestario, se muestran muy reticentes con el posible incremento del presupuesto de la UE (cuyo marco financiero para los próximos 7 años se está negociando en la actualidad) y se oponen férreamente a la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos común para la unión bancaria mientras no se reduzcan, sensiblemente, los riesgos asumidos por las entidades financieras.
Ante esta situación de difícil solución, la alternativa consensuada ha consistido en recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), conocido, en términos coloquiales, como el fondo de rescate de la UE. El MEDE es una organización internacional, con sede en Luxemburgo, creada mediante un Tratado entre los Estados de la Eurozona, en el año 2012. Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2013, se ha convertido en el único instrumento que concede asistencia financiera a los países de la zona euro con dificultades para capitalizarse autónomamente. Para ello se prevén un conjunto de instrumentos de los que sobresalen la concesión de préstamos o la adquisición de títulos de deuda pública emitidos por un miembro del MEDE, bajo un régimen de condicionalidad, esto es a cambio de la aceptación de un programa de reformas estructurales. La experiencia de países rescatados por el MEDE, con la obligación de aceptar unas condiciones que inciden en las decisiones de política económica y exigen medidas de restructuración económica, provoca resistencia en algunos países.
El Eurogrupo, después de arduas y tensas negociaciones, anunció, el 9 de abril, la aceptación de un conjunto de actuaciones para combatir las primeras consecuencias económicas de la crisis del COVID-19. De entre ellas, destacamos la autorización de una línea de crédito, en el seno del MEDE, dirigida a respaldar la financiación de los miembros de la Eurozona. El volumen de la ayuda abarcaría, inicialmente hasta 2% del PIB del Estado en 2019 (aproximadamente 25.000 millones de euros en el caso de España), aunque se podría ajustar en función de la gravedad de la pandemia y de sus consecuencias económicas. Como todo crédito, el montante resultante deberá devolverse, en un plazo determinado y tendría un tipo de interés blando. Este instrumento se constituye con la finalidad de ayudar a sufragar los gastos en atención médica de los servicios de salud y las respuestas relativas a la prevención y tratamiento dirigidas a frenar las consecuencias de la pandemia. En principio, y a diferencia del resto de instrumentos de MEDE, los beneficiarios no estarán sujetos al cumplimiento de unas condiciones estrictas, recogidas en un memorándum de entendimiento, aunque queda por ver cómo se concreta en la práctica esta financiación.
El Eurogrupo también ha respaldado la propuesta de la Comisión, de 2 de abril, de creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) por un valor máximo aproximado de 100.000 millones de euros para conceder préstamos a los países más afectados que podrán utilizar la financiación para costear la puesta en marcha de trabajo temporal y evitar así los despidos. Es una propuesta de Reglamento que se debería aprobar por el Consejo que se enmarca entre las medidas susceptibles de adoptar en caso de “catástrofes naturales o acontecimiento excepcionales”.
Asimismo, ha autorizado la decisión de la Junta directiva del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de 3 de abril, proponiendo el establecimiento de un fondo de 25.000 millones de euros, avalados por los Estados miembros, que permitiría movilizar hasta 200.000 millones de euros para apoyar a las empresas afectadas por la situación actual.
La pandemia del COVI-19 está tensando las costuras de la UE en muchos ámbitos y está cuestionando algunas de las bases que sustentan el proyecto de integración. Las instituciones europeas empiezan a diseñar iniciativas para intentar paliar la compleja situación conjugando, simultáneamente, la urgencia de la ayuda y la necesaria solidaridad entre sus miembros con las diferentes sensibilidades, y capacidades económicas de los Estados. La respuesta que exige la magnitud de la crisis no se ajusta bien con la realidad de la UE constreñida por un presupuesto cuyo montante no puede exceder del 1% de la suma del PNB de los países miembros.
