Repolitización del gobierno local y reforma electoral, por Tomàs Font
Catedrático de Derecho Administrativo de la UB
Las elecciones municipales de mayo de 2015 han puesto de manifiesto, entre otras muchas novedades, que los ayuntamientos se han convertido en todo un símbolo de la posibilidad real de iniciar cambios profundos en la concepción misma del poder público, y que, desde ahí, las exigencias de una nueva manera de hacer política han empezado a abrirse paso a todos los niveles de la organización pública española. Basten los ejemplos de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, o de las “mareas” gallegas, etc., junto a otros muchos resultados conocidos, y sus ulteriores proyecciones en las elecciones generales del 20-D, para confirmar que el mundo local constituye el mejor laboratorio de operaciones que pueden llegar a tener un más largo alcance.
Se ha demostrado una vez más que en los ayuntamientos se va a hacer y se hace política. El mundo local es “gobierno”, en el más profundo sentido de la palabra y no mera “administración”, como ha pretendido la LRSAL. Es cierto que hay dinámicas auspiciadas por la troika que tienden a minimizar la política en los niveles locales, a aligerar estructuras, a disminuir miembros electos y personal político. Por supuesto que toda racionalización y limitación de posibles excesos es conveniente. Pero la realidad se revuelve, obstinada, y consigue mantener la política en el tablero municipal y reclamar para el mismo la calidad de verdadero “gobierno” político de la comunidad.
En este contexto de “recuperación” de la política, todo programa “reformista” debe plantearse seriamente una reforma del sistema electoral municipal, sobre la que ya hace ya años que se viene insistiendo. En su día preocuparon los problemas deltransfuguismo. Más recientemente se ha hecho visible la preocupación del PP por evitar los pactos contra vincitorem, y ha llevado este tipo de propuestas a su programa de las últimas elecciones generales del 20-D.
Otras perspectivas toman en consideración exigencias más permanentes. Entre ellas, la más significativa es la visión del problema en términos de legitimación democrática, de mejora de la calidad de la política y de fortalecimiento del gobierno municipal. Así, en la experiencia comparada, la profunda reforma del sistema electoral local efectuada en Italia en 1993, con la introducción de la elección directa del alcalde, obedecía a la crisis de los partidos tradicionales y el descrédito de la política propio de la época de la “tangentópolis”. En este contexto, podrían recobran ahora vigencia en nuestro país, entre otras, las propuestas, como en su día formulara el PSOE (1998), en favor de la elección directa del alcalde, sistema que tiene perfecta base constitucional en el art. 140 CE.
La posible reforma debería perseguir simultáneamente varios objetivos plausibles de mejora: de la legitimidad, de la representatividady de la estabilidad de los gobiernos municipales. Las fórmulas manejadas son muy diversas, y pasan, entre otros extremos, por optar entre elección automática o propiamente directa, decidir la elección conjunta o separada de alcalde y concejales, prever mecanismos de una vuelta o de dos vueltas, introducir votos preferenciales, etc., primas a la mayoría, hasta la fijación de circunscripciones electorales infra municipales –los distritos-, etc. Lógicamente ello debe ir acompañado de la adecuación de los mecanismos de censura y de confianza, y no se excluyen eventuales mecanismos de revocación o recall. En fin, el reparto de competencias entre pleno, junta de gobierno y alcalde deben guardar coherencia con los demás elementos del sistema político municipal.
Más aún, cabe preconizar que la reforma electoral local contenga una apuesta contra el uniformismo excesivo del régimen local y pueda consistir en ofrecer más de un modelo determinado, o variantes distintas, que puedan ser objeto de libre asunción, o bien por las CCAA, o bien por cada uno de los municipios, en ejercicio de su propia autonomía organizativa, preservando la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales.
En cualquier caso, toda dinámica de pactos de gobierno que incluya un programa de reformas de amplio alcance ha de contemplar sin falta la reforma del sistema electoral local.
