Resumen de prensa, por Alain Cuenca

El autor propone una reflexión, en tono irónico, sobre las ventajas e inconvenientes de la publicidad en los debates entre expertos sobre la reforma de la financiación. Publicado en el blog RIFDE de Expansión (13 de junio) conserva plenamente su interés, ratificado incluso por nuevas publicaciones.  Su referencia, así como numerosos enlaces que se han suprimido para aligerar la lectura, pueden encontrarse en el original citado.

Los miembros de la Comisión no podemos hablar porque la comisión entiende que un debate público entorpecería sus trabajos. Nos hemos comprometido a mantener la reserva, aunque sin lograrlo del todo porque han salido por diversos canales algunas informaciones a la luz pública. Por eso me propongo recoger en esta entrada un resumen de prensa para que ustedes puedan hacerse una idea de los contenidos que estamos tratando, sin faltar al compromiso de no desvelar el contenido de nuestras deliberaciones. Dado que una parte de las noticias son filtraciones, no confirmaré ni desmentiré su veracidad, lo dejo a la fina perspicacia de mis lectores.

Las cosas no empezaron bien para la discreción porque la víspera de la reunión constitutiva apareció una larga entrevista con nuestro presidente en Expansión. Por si fuera poco, el mismo día 23 de febrero uno de nosotros publicó un artículo de opinión y además nos encontramos con una nube de periodistas que dieron cuenta de la primera reunión presidida por la vicepresidenta del Gobierno . De modo que es comprensible que los periodistas quieran interesarse por nuestra tarea si se inició con tanto bombo.

En materia tributaria, según El Economista, habríamos acordado reflejar en nuestro informe la propuesta del «IVA colegiado». Se trata de un mecanismo mediante el cuál se dividiría el IVA en dos tramos, estatal y autonómico, y las comunidades autónomas podrían impulsar modificaciones de los tipos de su tramo. Dado que la normativa europea impide tipos diferenciados dentro de un Estado miembro, el tipo autonómico sería común en todo el territorio de aplicación del impuesto, incluidas las comunidades forales del País Vasco y Navarra. Sin embargo, si atendemos a esta otra información de El Confidencial, no parece que haya unanimidad entre los expertos, de modo que tendrán ustedes que esperar al informe final para saber a qué atenerse.

También nos enteramos por la prensa de que habría un acuerdo sobre la necesidad de armonizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, estableciendo un mínimo de tributación en todo el territorio nacional. Ahora bien, sorprende que esta información no haya dado lugar a más polémica, dada la campaña contra este impuesto y el intenso debate que provocó el mal llamado dumping fiscal tras la Conferencia de Presidentes en enero.

Otro tema al parecer muy debatido es quien ganaría y quién perdería con la reforma de la financiación autonómica. Unos piensan que no puede haber perdedores y otros creen que es necesario transferir recursos de unas comunidades autónomas a otras. Este es un debate de hondo calado político en el que los expertos sólo podemos dar orientaciones, dado que no tenemos la llave de la caja. Al parecer, el monto total de los recursos también se ha debatido en la Comisión. Por ejemplo, el experto designado a propuesta de la Comunidad Autónoma de Aragón declaró en sede parlamentaria que la reforma requería más recursos en el sistema, tal como recogió el diario 20 Minutos. Pero me consta que no es el único, hay otras voces que reclaman un incremento de los recursos autonómicos.

Finalmente, la polémica que desató el pacto presupuestario del gobierno con el PNV y que provocó la dimisión de uno de los expertos, se produjo más en los medios de comunicación que en el seno de la propia Comisión. No obstante, nuestra irritación quedó reflejada en multitud de noticias. Veremos cómo se trata finalmente este delicado asunto en el informe final.

Ahora hablando en serio, pienso que la decisión de no informar de nuestros debates impide que muchas personas que no pertenecen a la Comisión, tan expertas como nosotros -o más- puedan aportar su punto de vista. Cuando en las Cortes Generales se debate en una comisión el futuro de las pensiones o el pacto educativo, los argumentos que se aportan en cada comparecencia son públicos, se conocen, se critican, son objeto de controversia. Lo mismo podría suceder en este caso, pero hemos decidido que no. Así que les aconsejo paciencia: el 10 de agosto, en la playa, sabrán lo que hemos acordado.