Los servicios públicos locales a debate, por Tomàs Font i Llovet

Catedrático de Derecho Administrativo de la UB

(English version).

En los momentos actuales el debate político y académico acerca de la organización y la gestión de los servicios públicos locales ha alcanzado un amplio grado de desarrollo en toda Europa. Entre otros muchos aspectos, se debate sobre la denominada “remunicipalización” de los servicios públicos locales, es decir, sobre la posibilidad y conveniencia de recuperar –o establecer- su gestión pública. Se trata de un fenómeno de dimensión europea que ha sido objeto incluso de referéndums a nivel local y aun de ámbito nacional, como el caso de Italia en 2011, con resultado contrario a la privatización de los servicios en el sector del agua.

Por otro lado, se debate acerca de la determinación del nivel óptimo de gestión de dichos servicios, tanto en su dimensión territorial como poblacional, y acerca de la cuál es la entidad local más adecuada para su prestación dentro del conjunto de entidades que configuran el sistema del gobierno local (municipio, provincia, formas asociativas, metrópolis, etc.), en busca de economías de escala en aras a una mayor eficiencia en la planificación y en la prestación.

En fin, está en juego también el papel que deben jugar en ello las instancias regionales o autonómicas, como se acaba de poner de manifiesto con la Sentencia de la Corte Constitucional Italiana número 251 del 2016, que ha declarado la inconstitucionalidad de la denominada Ley Madia, que incidía sobre los servicios locales, por la falta de intervención de las regiones. O la STC 41/2016, a propósito de la LRSAL.

Lo cierto es que la evolución de las formas de gestión de los servicios públicos, y especialmente de los municipales, ha sufrido en los últimos siglos un “movimiento de péndulo”. Como ha dicho Hellmutt Wollmann, “la gestión de los servicios públicos ha pasado, de las manos de los particulares, al sector público, primero localmente y luego a nivel estatal, volviendo después, otra vez, a las manos de los particulares. La andadura de este sector se asemeja, pues, a un ‘péndulo’ que oscila del sector privado al sector público, y finalmente vuelve ‘atrás’ al privado […] Desde hace algunos años, el péndulo parece haber vuelto a oscilar: existen, de hecho, indicios que sugieren una reducción de la intervención de los particulares y del mercado en la prestación de los servicios públicos, en favor de un aumento del sector público/municipal”.

El marco político y legal, en profunda transformación, ofrece un contexto de gran complejidad dentro del que se deben mover las específicas decisiones acerca de la forma de gestión de los servicios públicos. Por un lado, el sistema de partidos políticos y su representación a nivel municipal ha experimentado en España, a partir de las elecciones locales de 2015, cambios de gran calado. Por otro lado, el marco legal está sujeto a una modificación constante, en diversos sectores y en líneas diversificadas que confluyen sobre la posición de los municipios: la LRSAL, con sus primeras interpretaciones –y anulaciones- por la jurisdicción constitucional; las directivas europeas de 2014 sobre contratos y concesiones, y su aplicación directa a partir de la fecha máxima de transposición, con la profusión de instrucciones y criterios interpretativos por parte de los diversos organismos competentes; las exigencias de transparencia y buen gobierno, a partir de la aplicación de la Ley de Transparencia de 2013 y las subsiguientes leyes autonómicas; la entrada en vigor de la Ley 40/2015 sobre el régimen jurídico del sector público y su regulación de los encargos de gestión y los medios propios; la intervención de las autoridades de la competencia en el campo de los servicios públicos, auspiciada, aunque no solo, por la propia LRSAL, etc.

Las decisiones se están tomando ya, en los más diversos servicios, desde los de carácter personal –educación, servicios sociales, guarderías, etc.- hasta los clásicos servicios económicos –agua, residuos, transportes, energía-. En esta situación, es importante tener presentes, de un lado, los presupuestos constitucionales que entran en juego, como habilitaciones y como límites: reconocimiento de los derechos sociales y de su efectividad, garantías de la expropiación forzosa, reconocimiento de la iniciativa pública en la economía en el contexto de una economía social de mercado, sostenibilidad financiera, autonomía local, etc.

Por otro lado, también es imprescindible tener en cuenta todas las connotaciones e implicaciones que rodean las decisiones acerca de las formas de gestión de los servicios públicos: economía, eficiencia y sostenibilidad en la prestación de los servicios y afectación a los derechos de los usuarios; efectos jurídicos y económicos sobre el prestador del servicio y afectación a la libre competencia; incidencia sobre la situación jurídico–laboral de los empleados afectos a la prestación del servicio; incidencia sobre la naturaleza de la contraprestación a satisfacer por la prestación –tasa, precio público, precio privado-; etc.

Se trata sin duda de un tema testigo en relación con las profundas transformaciones sociales e institucionales que caracterizan un nuevo momento político en toda Europa. Porque se trata de un tema profundamente político, articulado mediante instrumentos jurídicos, naturalmente, que expresa unas determinadas opciones ideológicas más allá de estrictas valoraciones técnicas con aspiraciones de neutralidad. “El reciente aumento de la preferencia por el sector público como proveedor de servicios se refleja también en la apreciación de los ciudadanos/clientes, es decir, en los valores compartidos en la llamada cultura política” (Wollmann). Sin lugar a dudas, se plantea la fuerza de una determinada ética social detrás de este tipo de decisiones.

(Introducción al libro “Los servicios públicos locales. Remunicipalización y nivel óptimo de gestión”, coordinado por Tomàs Font i Llovet y Juan José Díez Sánchez, Iustel y Fundación Democracia y Gobierno Local, 2017)

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1 Comment

  1. Espléndid!!. És un inventari dels assumptes relacionats amb la prestació dels seveis públics i la provisió de béns públics així com de les diveses opcions al respecte molt complert i estimulant.

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