Trata de seres humanos y tráfico de personas

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Trata de seres humanos y tráfico de personas

La trata de personas es un fenómeno que va en aumento y que supone una flagrante vulneración de los derechos humanos. La delincuencia organizada transnacional ha encontrado en la trata y el tráfico de personas una nueva forma de obtener importantes beneficios, transformando a las personas en meras mercancías.

La globalización ha contribuido a la reaparición del mercado de personas, sobre todo de mujeres y menores, como gran negocio emergente equiparable al tráfico de armas o drogas. Para poder actuar sobre este fenómeno de forma eficaz es necesario un amplio conocimiento del mismo, de las iniciativas adoptadas en el ámbito internacional y nacional y de las políticas públicas que se desarrollan. Son muchas las ramas del ordenamiento las que han de actuar para luchar de forma eficaz contra de la trata de personas (derecho administrativo, penal, procesal y de servicios sociales). La normativa existente se ha mostrado insuficiente para perseguir eficazmente este delito y deficiente para ofrecer una correcta protección a las víctimas de trata de personas.

Con este proyecto se pretende proponer los puntos de conexión necesarios entre los diferentes ordenamientos, para obtener una regulación coordinada de la materia, permitiendo otorgar una protección social efectiva a las víctimas. La prevención y protección de las víctimas y el respeto de sus derechos deben ser prioritarios para los poderes públicos, no preocupándose únicamente del control de los flujos migratorios y la represión penal.

La legislación “anti trata” de personas se focaliza más en aspectos relacionados con la inmigración ilegal y los procesos penales, que en las necesidades de las víctimas. A menudo se utiliza a la víctima como un instrumento de represión por parte de los poderes públicos, para garantizar la continuidad del proceso penal, sin preocuparse de la necesidad de restaurar los derechos humanos de las víctimas y garantizar el disfrute de los mismos. Es necesario profundizar en las reformas para variar este enfoque y que el nuevo sistema sea más efectivo en la lucha contra las redes y al mismo tiempo apoye la asistencia efectiva a las víctimas como mecanismos que garantizan un tratamiento justo por parte del sistema penal. Sin olvidar que esta asistencia puede beneficiar de forma indirecta a la desincentivación de los traficantes puesto que al reforzarse la posición de las víctimas disminuye la capacidad de control y dominio de este sobre ellas.

En esta línea, la investigadora Chiara Angiolini ha elaborado una serie de fichas normativas donde se analiza la legislación internacional comunitaria y nacional más relevante en esta materia.