El VI Foro de la Autonomía insiste en la necesidad de reformas, por Eliseo Aja

Catedrático de Derecho Constitucional de la UB

(English version).

Probablemente la cita anual más comprometida del IDP es el Foro de la Autonomía, porque reúne a expertos en el sistema autonómico –profesores, altos funcionarios y políticos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas- para debatir sobre los principales problemas del sistema autonómico y sus posibles soluciones. La reunión, que este año se celebró el 15 de marzo, en el Senado, se realiza siempre sobre informes publicados previamente en la web (www.foroautonomia.es) para alcanzar mayor rigor en el debate. La ponencia corresponde a un experto en el tema y el debate introduce las opiniones de varios Consejeros autonómicos o algos cargos del Estado. El resultado de la jornada se incluye en el Informe de las Comunidades Autónomas que aparecerá publicado un mes después.

La primera sesión (“valoración general”) consistió en el repaso a los problemas destacados del Estado autonómico en 2016, marcado en todos los niveles por la situación del Gobierno en funciones, casi un año entero, por la dificultad del Congreso para alcanzar la investidura. La interinidad también afectó a las CCAA, especialmente por el retraso que provocó en la elaboración de los Presupuestos autonómicos, por la ausencia de legislación básica estatal y por la ralentización de todas las actividades (por ejemplo, conferencias sectoriales) en que intervenía el Estado.

Esta situación se ha producido, además, en una dinámica de cambio de sistema político en casi todas las CCAA, con una actividad más viva del Parlamento y con gobiernos que deben discutirlo todo con la oposición, en la Cámara o en el propio ejecutivo, si es de coalición; en la valoración general (ver web citada) se dan numerosos ejemplos y se repasan los efectos de la nueva dinámica. Por otra parte, latía en el ambiente que los problemas más graves no son nuevos sino que provienen de la falta de reformas largamente reclamadas, como el Senado, la financiación, la falta de colaboración autonómica…- que requieren un planteamiento reformador fuerte de las fuerzas políticas y del Gobierno, especialmente.

La situación en Cataluña se encuentra aparentemente muy lejos de las demás CCAA, pero comparte algunos problemas implícitos. No hay que olvidar que las fuertes protestas de los últimos años se iniciaron por el mal funcionamiento del sistema autonómico y la inoperancia de las propuestas de reformas, pero la inclusión de un referéndum y el llamado derecho a decidir como objetivos ha dado una dimensión desmesurado al conflicto. Ahora será preciso incidir en los dos niveles, el común a otras CCAA y el planteado sobre reivindicaciones nacionales. Los procesos penales a dirigentes políticos añaden tensión a la difícil situación.

La segunda sesión ha sido un debate monográfico sobre los derechos sociales (sanidad, vivienda, servicios sociales…), que corresponden principalmente a las CCAA, prácticamente como competencias exclusivas, aunque no sea esta la posición del TC. El Estado mantiene una notable influencia práctica a través de su financiación y, por tanto, buena parte de la solución debe pasar por la reforma financiera. Prácticamente esta ha sido la solución común barajada tanto por el ponente -el catedrático de Derecho Administrativo Joaquín Tornos- como por los miembros de la Mesa Miguel Laparra, Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, José Manuel Rey Varela, Consejero de la Xunta de Galicia y Manuel Martínez Domene, Viceconsejero de la Junta de Andalucía.

La tercera sesión ha tratado los efectos del art. 135 CE sobre la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Si la financiación arrastra problemas desde el inicio del actual sistema, en 2009, y ha padecido los embates de la crisis económica, la reforma constitucional del art. 135 para reforzar la estabilidad presupuestaria ha complicado aún más el panorama, que ahora precisa una reforma general. Esta complejidad ha presidido la exposición de los dos ponentes, una más jurídico, Tomás de la Quadra-Salcedo Janini, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y letrado del Tribunal Constitucional y otro más económico, Javier J. Pérez, Director de estudios de la división de coyuntura del Banco de España. El debate ha contado con la intervención de Catalina Cladera, Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de las Illes Balears y de Luis G. Padilla, Viceconsejero del Gobierno canario, que además de reclamar mayor presencia de las CCAA en las decisiones sobre el déficit pusieron también de relieve la particularidades financieras de ambos archipiélagos. El contrapunto correspondió a Roberto Bermúdez de Castro, Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, que destacó la enorme carga que ha generado la crisis económica y la capacidad de la mayoría de las CCAA para controlar el gasto sin reducir demasiado las prestaciones sociales.

Finalmente la conferencia de clausura fue realizada por Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Presidencia y Administraciones Territoriales, que aceptó la necesidad de reformas (“mejoras”, textualmente), señalando a las conclusiones de la reciente Conferencia de Presidentes como orientación general de las mismas. Mejorar la coordinación y la colaboración entre el Estado y las CCAA, reformar la financiación y reforzar el principio de lealtad, y el diálogo, fueron los tres ejes de las reformas, que en parte ya se están iniciando; la financiación, por ejemplo, con la formación de la Comisión de expertos.

Al referirse a las iniciativas concretas también volvió a centrarse en la Conferencia de Presidentes, asegurando que asumirá el diseño de las principales políticas públicas, impulsará la coordinación de materias especialmente compartidas por los distintos niveles (como protección civil e impulso de la demografía) y potenciará al máximo la CARUE, la Conferencia para Asuntos Relacionales con la Unión Europea, afín de abrir nuevas vías a la presencia de las CCAA. Por último destacó, entre otros temas, la propia reforma y fortalecimiento de la Conferencia de Presidentes, regularizando sus reuniones y dando entrada a las CCAA en la formación del orden del día.

La Vicepresidenta apenas incidió en la trascendencia de las reformas, de manera que sus propuestas aparecieron como acción política o regulación legislativa, como máximo. Sólo en dos momentos apuntó la posibilidad de reformas de alcance superior (constitucionales, lógicamente, sin que apareciera el término), al aceptar la posibilidad de normas que potenciaran la coordinación y al abrir las posibilidades de institucionalizar formas de diálogo presididas por la lealtad constitucional. ¿Incluirían la participación decisoria de las CCAA en la legislación básica estatal, por ejemplo, a través del Senado? ¿Llegarían a la reforma del procedimiento de decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera exigiendo mayorías que obliguen al Estado a negociar? ¿Podría el principio de lealtad alcanzar el reconocimiento de la complejidad nacional en España? ¿Qué velocidad y profundidad necesitan las reformas en la actualidad, ésta o la apuntada por la Vicepresidenta? Cabe una interpretación de ambas en una orientación semejante, sintetizada en la aceptación de mayor participación de las CCAA en el Estado, pero los niveles propuestos por la Vicepresidenta y los que parecen necesarios a corto plazo presentan aún una gran diferencia, que seguramente podría superar una buena negociación política.

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