Reflexiones sobre el acuerdo de paz en Colombia, por Natalia Caicedo

Prof. lectora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona

(English version).

La firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable es un hecho histórico que pone fin a unos de los conflictos armados mas antiguos de América Latina. El conflicto colombiano que enfrentó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito popular (FARC-EP) y al Estado colombiano tuvo sus inicios en la década de los sesenta y se cierra en 2016 con un saldo de mas de 200.000 muertos, 6.9 millones de desplazados internos y miles de exiliados.

El proceso de negociación se inició con una fase exploratoria en 2012 en Oslo y el 18 de octubre de 2012 se instaló la mesa de conversaciones. Posteriormente, esta mesa se traslado a la Habana y tras 4 años de negociaciones se culmina con un acuerdo de la paz que deberá ser refrendado por la ciudadanía colombiana el próximo 2 de octubre en plebiscito.

El texto final gira sobre 5 ejes. El primero se dedica a la reforma del campo colombiano y en éste se establecen las bases para una redistribución de la tierra mas equitativa. El segundo de los ejes versa sobre la participación política, facilitando la creación de nuevos partidos políticos e introduciendo cambios en el sistema electoral. En el tercer eje se trata el problema de las drogas ilícitas a través de la promoción de programas de sustitución voluntaria de los cultivos y la transformación de los territorios afectados.

Uno de los aspectos mas debatidos fue el tema de la reparación a las víctimas del conflicto porque en éste se recoge el sistema a través del cual juzgarán las responsabilidades por la comisión de delitos. El acuerdo crea una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; una jurisdicción especial para la paz y la aprobación de una futura ley de amnistía. Es importante señalar que los acuerdos señalan de manera expresa que los crímenes de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma no son amnistiables. En todo caso, las condenas por la comisión de estos delitos deberán ir directamente vinculadas a restablecer los derechos de las víctimas y consolidar la paz. Finalmente, se incluye un apartado dedicado al fin del conflicto en el que se recoge el procedimiento a través del cual se materializará la entrega de armas a un Comité especial de Naciones Unidas.

La firma del acuerdo y el fin del conflicto abre por primera vez una posibilidad real de vivir en paz y supondrá un cambio sustancial en las condiciones de vida para las personas de las zonas rurales mas afectadas por el enfrentamiento armado. Al margen de los puntos sobre el fin del conflicto propiamente dicho (entrega de armas, representación política y sistema de reparación a las víctimas), el acuerdo es esencialmente sobre el campo colombiano y un intento valiente de llevar a cabo una reforma agraria que se ha planteado a lo largo de la historia como la gran asignatura pendiente. La estructura de distribución de la tierra en Colombia ha sido siempre profundamente desigual. El modelo sigue el esquema de grandes extensiones de tierra muy productivas en manos de muy pocos propietarios que convivía con la existencia pequeños propietarios. Los intentos de reforma agraria desarrollados a lo largo del siglo XX, en 1936 bajo el Gobierno de Alfonso López Pumarejo y en 1961 bajo el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo, fueron en 1973 con el pacto de Chicoral revertidos por la presión justamente de los grandes detentadores de la tierra. Pero además, a lo largo de los mas de 60 años de enfrentamiento armando la desigualdad en el campo se acentúo a pasos agigantados puesto que el conflicto entre guerrilla, paramilitares y Estado provocó un éxodo masivo de la población rural mas pobre hacia las ciudades, de manera que la estructura existente de pequeños propietarios de tierras quedo prácticamente desaparecida.

Dos de los cinco acuerdos se dedican al campo colombiano. La reforma rural prevé la previsión de un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; configura un programa de restitución de las tierras a las víctima del desplazamiento forzado y crea una jurisdicción agraria que se encargará de resolver los conflictos sobre uso y tenencia de la tierra. Asimismo, la reforma se complementa con programas de mejora de las infraestructuras y desarrollo social del campo que incluye mejoras en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda y acceso al agua potable.

De las múltiples reformas que puedan llegar a producir un cambio real en la estructura económica y social de Colombia y que podrían haber sido objeto de acuerdo en las negociaciones se apostó por la transformación del modelo sobre la detentación de la tierra. Esta elección resulta lógica teniendo en cuenta que la distribución desigual del campo se encuentra en el origen del conflicto y que la guerra ha sido una guerra esencialmente rural. La consolidación de la paz dependerá en gran medida de la materialización de los pactos sobre el agro y la distribución de la tierra, pero también de la creación de las condiciones económicas para que los campesinos se adapten al cambio estructural de modernización de la producción agrícola (inversiones transnacionales y un modelo globalizado que gira sobre la existencia de varios acuerdos de libre comercio que afectan de manera notable a muchos productos agrícolas).

Finalmente, cabe señalar que la materialización del Acuerdo firmado en la Habana esta sujeto a su aprobación o no en referéndum. Más de 60 años de conflicto ha dejado una sociedad muy dividida y sobretodo víctimas y sectores de la población que si bien pueden llegar a desear la paz no están de acuerdo con los pactos y, muy especialmente, con lo que pueda llegar a aprobarse en una futura ley de amnistía. En estos momentos, todo esta sujeto al resultado de las urnas del próximo 2 de octubre.

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