Las administraciones públicas y el derecho a una vivienda digna. Reflexiones a la luz del nuevo plan estatal de vivienda, por Joaquín Tornos

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona

¿Quién debe hacer efectivo el principio rector establecido en el artículo 47 de la Constitución española que impone a todos los poderes públicos  la obligación de garantizar a los ciudadanos el acceso y el mantenimiento en una vivienda digna?

Seguramente tras la lectura del precepto constitucional citado el ciudadano se dirigirá a su Ayuntamiento para exigir una vivienda  digna o evitar que se le desahucie de la que ocupa. El gobierno municipal es la administración más cercana y los ciudadanos la conciben como la responsable de garantizar el acceso a todas las prestaciones a las que se cree tener derecho.

Pero ¿quién tiene atribuida realmente esta responsabilidad en nuestro sistema? ¿Quién puede realmente dar contenido al mandato constitucional?

El reciente RD 106/2018 de 9 de marzo por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 inicia su Exposición de Motivos con la siguiente afirmación: “la garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada como responsabilidad compartida de todos los poderes públicos se ha venido procurando durante los últimos años mediante distintas políticas”.

Más allá, pues, de las respectivas competencias, se hace referencia a una responsabilidad compartida, que se ha concretado en políticas cambiantes.

Pues bien, es este Real Decreto el que nos mueve a una reflexión sobre la realidad de nuestro sistema de distribución de competencias y su ulterior ejercicio, sistema normalmente analizado a partir de la vindicatio potestatis de los diferentes ámbitos materiales olvidando que las políticas públicas requieren siempre actuaciones conjuntas.

El caso de la vivienda es un buen ejemplo. ¿A qué administración se atribuye este título material como competencia exclusiva? Si examinamos nuestro bloque constitucional concluiremos que son las Comunidades Autónomas las que han asumido esta materia como competencia exclusiva. El artículo 137 del Estatuto Catalán es un buen ejemplo.

Pero ¿esto es realmente así? ¿Son las Comunidades Autónomas las que elaboran de forma autónoma las políticas de vivienda en España? Si fuera así ¿qué justificación tienen los sucesivos planes estatales de vivienda? Y,  ¿qué papel corresponde a los entes locales?

El RD 106/2018 se justifica competencialmente con la referencia al artículo 149,1-13, disposición final primera, mientras que la disposición final segunda habilita al Ministro de Fomento para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución. Las Comunidades Autónomas, se nos dice en la Exposición de Motivos,  participaron en su elaboración, seguramente para poder acceder luego a los fondos comprometidos con el Plan.

Ciertamente el título competencial del Estado para elaborar el Plan pueden discutirse. Pero más allá de una discusión centrada en los títulos competenciales en materia de vivienda, ¿no es cierto que en esta materia, como en muchas otras,  estamos ante una responsabilidad compartida, ante una política pública que requiere esfuerzos concurrentes desde diversas administraciones en ejercicio de títulos competenciales diversos?

La garantía del acceso y mantenimiento en una vivienda digna requiere medidas de política fiscal, reformas de la legislación procesal y de arrendamientos urbanos, política de suelo y urbanística, gestión de parques de vivienda pública, medidas de fomento. También puede recurrirse a medidas coactivas para tratar de imponer la función social de la propiedad, como impuestos, sanciones y expropiaciones. Y en todo caso contar con recursos económicos suficientes.

Cada una de estas actividades se sustenta o afecta a títulos competenciales diversos del de vivienda. Y son títulos materiales que pertenecen al Estado o a las Comunidades  Autónomas. Pero la política de vivienda, si quiere ser eficaz, debe utilizar todos estos instrumentos, los cuales están distribuidos como competencia materiales diferenciadas entre los distintos entes territoriales.

Por tanto, existe ciertamente en materia de vivienda una responsabilidad compartida que exige que el ejercicio de las respectivas competencias materiales que inciden en la política de vivienda deba llevarse a cabo de forma compartida. Esto requiere que la actuación de los diferentes niveles territoriales  se fundamente en la lealtad constitucional, y en los principios de coordinación, cooperación y colaboración y que, por otro lado, se refuercen y hagan operativas las fórmulas organizativas de cooperación. De modo particular se hace presente la necesidad de que el Senado se convierta en una verdadera Cámara territorial, la  Cámara de acuerdo en la definición de este tipo de políticas, que luego concretan y ejecutan las Comunidades Autónomas con la colaboración de las diferentes entidades locales.

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1 Comment

  1. Parecen los vendedores de pisos con sus trajes puestos impolutos directores generales jajaja, por aquí aparecen muchos agentes inmobiliarios llamando a la puerta muy elegantes vestidos, más de 10 en el último mes, ofreciéndome su publicidad de inmuebles que tienen en venta, y no hacen más que preguntarme si conozco a alguien que esté dispuesto a vender su casa para ponerse en contacto con él. Escudriñan todo para encontrar cualquier oportunidad de negocio. La verdad es que con un solo piso que vendan en muchos casos, cobran una comisión que supone lo que un trabajador mileurista gana en todo un año de trabajo, teniendo que hacer más de 40 horas semanales de curro aguantando a jefes y compañeros.

    Aprovechan ahora porque la gente que tiene dinero ahorrado en los bancos, no saben qué hacer con él, ya que solamente les dan un interés de 0,04%, una verdadera miseria, y para más recochineo hacienda se lleva el 21% de esa rídicula renta jajaja, hasta te cuesta dinero tenerlo depositado, e invertir en valores obtienes rentabilidad negativa en la mayor parte de los casos, y se dedican entonces a meter su dinero en ladrillo. Los compradores reforman las casas con visos a venderlas en el futuro, con su consiguente comisión si pueden o si no los dejan cerrados sin alquilar. El inconveniente es que tener un inmueble sin ocupar, tienes muchos gastos, contribución, comunidad, recibos varios…

    Así se está recalentando otra vez el mercado inmobiliario, que puede ocasionar otra burbuja en pocos años que tire los precios por los suelos y arruine a mucha gente. La diferencia es que ahora los inversores compran pisos en mano y no se endeudan en hipotecas a 20 o más años como antes, lo que no generaría una ruina bancaria por excesiva exposición al ladrillo, optan más por el alquiler seguro, de empresas que cobran servicios por echar los morosos en poco tiempo por tener contactos en los juzgados con los jueces, o también en pisos turísticos con grandes rentabilidades, haciendo la competencia desleal a los hoteles.

    ¿Cuales serían las más eficaces soluciones y fiables medidas para combatir la especulación y la corrupción urbanística que tanto daño hace a las clases más humildes y pobres de la sociedad, porque es en ellos donde más incide y perjudica? Que el Estado sea el que controle el suelo en todo el territorio nacional, tanto el perteneciente a los ayuntamientos como los de las Diputaciones y Comunidades Autónomas, y mediante la creación de un Organismo Autónomo o Instituto público a manera del INEM, pero más ágil y más activamente gestionado, que ponga en marcha las políticas urbanísticas de acuerdo con el interés general, y con la defensa acérrima del medioambiente y la salud de las personas, que tengan las competencias sobre las decisiones administrativas de recalificaciones sobre el uso y disfrute, y que se encargue en gestionar el suelo existente tanto en manos públicas como privadas, expropie el suelo tanto a unos como a otros y sea el que lo urbanice, y que lo venda o ceda a los promotores inmobiliarios y a las constructoras, con un precio prefijado o tasado, y que se controle y en lo posible se evite la escalada continua de precios que es lo que arruina a una nación…

    De esta forma se fiscalizaría y ajustaría la subida permanente de los costes, ya que no hay competencia y libertad de precio real en el ambiente urbanístico, porque casi siempre crecen de forma premeditada año a año y casi nunca bajan de precio de acuerdo con las leyes del merecado de la oferta y la demanda, excepto en épocas de grandes recesiones o crisis que suelen pasar cada dos o tres lustros, porque caen en picado por el exceivo sobreprecio de los activos inmobiliarios al no haber compradores. Se puede manipular fácilmente el mercado por parte de las grandes promotoras e inmobiliarias, reteniendo suelo urbanizable durante años para que los precios no caigan y se deprecien y devalúen sus inversiones, pero mientras se pueda seguir inflando la burbuja. Para mí no existe mejor desgravación fiscal para adquisición de una vivienda que reducir el precio final, porque el repartir dinero a la gente mediante deducciones, lo único que consigue es que los promotores lo repercutan en el precio final, y lo que se hace con ello, es transvasar ingentes cantidades de dinero público a manos privadas, sin que con ello las capas de la población con menos recursos, puedan acceder a un mercado cada vez más prohibitivo para la generalidad de los asalariados mileuristas.

    Si no existe el estímulo de la propiedad no hay progreso, y sin un incremento de los precios paulatino mesurado, sin llegar a la especulación desorbitada no hay bienestar tampoco, porque no existe un objetivo por el que luchar en la vida, y este hecho lo han entendido bien los dirigentes comunistas chinos. La mejor manera de convertir a los más pobres en seguidores y fervientes admiradores del sistema capitalista liberal, es enseñarles a querer ser ricos, inducirles a desear los bienes materiales pomposos y exclusivos, como mansiones, coches de lujo y yates, a que sueñen con ellos como un objetivo de sus vidas prioritario. Misma estrategia que utilizan para que jueguen a la lotería nacional y la primitiva, un dinero que es tirado en una altisima probabilidad. Esa es la forma en el que se les ciega a los más desposeídos, para que se abandonen a sí mismos, y no se abran paso en su camino tortuoso para luchar sin posibilidades por mejorar en el sistema injusto imperante… Los más potentados casi siempre ganan y los pobres suelen estar indefensos y su destino suele ser siempre la pérdida, pero al aceptarlo y al convertirse en víctimas, y al transformarse en ello, se hacen más débiles aun, porque no luchan por cambiar su desdichado presente, al hacerles dudar de todo, les inmoviliza totalmente.

    El sector inmobiliario está intimamente ligado al sector de la construcción, y estos dos viven de la especulación esencialmente, cuanto más caros estén los inmuebles, más beneficios obtienen por hacer lo mismo. Y la especulación es lo peor que le puede pasar al trabajador que vive de un sueldo, porque cada vez se le hace más prohibitivo acceder a una vivienda digna cuanto más suben los precios.

    Lo justo sería para evitar que haya gente que se forre con las necesidades de vivienda del pueblo como los intermediarios inmobiliarios, es que hubiera una página pública gratuita en internet donde los que quisieran comprar o vender sus propiedades pudieran hacerlo fácilmente, con teléfonos de contacto, para que los interesados pudieran visitar los inmuebles en venta, y así contendríamos también los precios para que no se subieran tanto que muchas personas no quedaran fuera del mercado.

    ARTURO KORTAZAR AZPILIKUETA MARTIKORENA©

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