Contra el fatalismo, por Joaquin Tornos

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona

El pasado 16 de enero, en un acto organizado por el diario El País en el Hotel Villa Magna de Madrid, el Cercle d’Economia de Barcelona presentó su documento “Propuestas para mejorar el autogobierno de Cataluña y el funcionamiento del modelo territorial del Estado”.

El acto, que contó con una notable presencia de personas del mundo político, económico y académico, se abrió con la presentación del documento por parte del presidente del Cercle el Sr. Brugera, quien recordó que dicho documento se presentó inicialmente en junio de 2018 en la reunión anual que celebra el Cercle en Sitges. Ya en aquel momento se quiso presentar días después el documento en Madrid, pero la moción de censura y el cambio de gobierno obligó a retasar la presentación.

La exposición del contenido del documento corrió a cargo de Antón Costas, presidente de la fundación del Cercle d’Economia.

El profesor Costas  centró su intervención en dos propuestas y cuatro consideraciones previas. La primera consideración previa fue  la motivación ¿Por qué se elaboró el documento? La razón fue el tratar de huir del fatalismo, según el cual  no hay alternativa ante la polarización política y el deterioro de la convivencia cívica. La segunda es reconocer que en Cataluña existe un problema político de especial complejidad. La tercera es afirmar que el problema catalán no lo representa en exclusiva el independentismo unilateral, sino la situación particular de esta Comunidad Autónoma, que es la única que no tiene un Estatuto de Autonomía votado por su población. Esta realidad genera la demanda de una consulta para poder defender el alcance del propio autogobierno. La cuarta es la necesidad de conjugar mejor, y necesariamente de forma conjunta, los principios constitucionales de legalidad y democracia.

Sobre estas bases se formularon dos propuestas. La primera. Cataluña necesita un mejor autogobierno que tiene que venir de un nuevo Estatuto de Autonomía. El nuevo Estatuto no tendrá como cometido fijar el marco competencial de Cataluña, ya que la distribución del poder que supone el reparto de competencias se llevará al texto de la Constitución. De esta forma el Estatuto puede convertirse en una norma exclusivamente autonómica, la norma institucional de la Comunidad Autónoma que actuará como Constitución de Cataluña. Esta norma se someterá a votación del pueblo catalán.

La segunda propuesta se refiere al texto constitucional, ya que se reconoce que el nuevo Estatuto exigirá reformas constitucionales en aspectos como el sistema competencial, un nuevo modelo de financiación y el reforzamiento de los mecanismos de cooperación.

Tras la exposición, la moderadora del acto, la periodista de El País Montserrat Domínguez preguntó a los contertulios, Lucía Méndez, Máriam Martínez-Bascuñán y  Fernando Vallespín como valoraban la propuesta siete meses después de su presentación en Sitges. Es hoy viable, preguntó la moderadora, lo que nos propone el Cercle. La respuesta de Luía Méndez fue clara. La situación ha empeorado. La pista de aterrizaje que con grandes esfuerzos trata de ofrecer Pedro Sánchez al independentismo no se aprovecha. Los presupuestos difícilmente se aprobarán, y crece la oposición a las propuestas de Sánchez desde las otras Comunidades Autónomas, incluso dentro de las gobernadas por el PSOE, y la oposición  desde la derecha es radical. La crisis catalana se ha convertido en una crisis de estado.

El profesor Vallespín replicó a la pregunta con otra pregunta. Para el citado profesor la verdadera cuestión es si existe la voluntad, o puede llegar a construirse esta voluntad, para llevar a cabo un tránsito hacia una reforma constitucional integradora. Si no existe esta voluntad, las construcciones que se ofrezcan para este fin no tienen viabilidad.

En todo caso defendió la necesidad y conveniencia de la reforma constitucional y señaló que para poder unir fuerzas en torno al documento del Cercle sería necesario asumir unos mínimos puntos comunes de partida: desdramatizar la reforma, reconocer que la prioridad política es la reforma del ordenamiento territorial y destacar que esta reforma no es sólo para Cataluña, es un reforma para el mejor funcionamiento de todo el Estado.

En todo caso, sin perjuicio de reconocer la complejidad del momento político, la inexistencia de un “momento constitucional” para iniciar un proceso de reforma y, como dijo el profesor Costas, la preocupación y tristeza con que se vive este momento en Cataluña, si pareció quedar en el ambiente que se debía seguir trabajando para ofrecer  vías de consenso y foros de encuentro que permitan huir del fatalismo. Estos foros deben ofrecer a la clase política respuestas razonables a la crisis política actual, respuestas basadas en los principios de legalidad y democracia, con la finalidad de que ésta pueda hacer uso de las mismas. A partir de aquí, que cada uno asuma su responsabilidad.

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