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Ciencia y Universidades

El análisis de los diversos sistemas de investigación y de los distintos sistemas universitarios en los países de la Unión Europea representa, no sólo un reto socioeconómico ineludible en la actualidad, sino también uno de los ejes prioritarios de las políticas de la Unión. En este marco, la actual situación del sistema científico y universitario en España, tanto a nivel estatal como autonómico, requiere una reflexión a corto, medio y largo plazo, para conseguir que nuestro país se sitúe en uno de los puestos destacados del ranking europeo.

Son varios los temas que deben tratarse, para llegar a conclusiones que aporten soluciones concretas y eficaces de cara a mejorar el sistema científico-universitario español y autonómico. Por ello, las áreas temáticas sobre las que esta línea de trabajo del IDP reflexiona son múltiples. En primer lugar, la colaboración entre Estado y comunidades autónomas, proponiendo mecanismos de relación que permitan optimizar las actuaciones que realizan ambas instancias. En segundo lugar, la colaboración entre sector público y privado como lugar común que permita sacar el máximo partido a la investigación realizada en nuestro país, proponiendo fórmulas ágiles que hagan posible esta imprescindible relación público-privada en el ámbito de la ciencia. En tercer lugar, la utilización de fórmulas jurídicas adecuadas que sirvan de apoyo a los proyectos científicos, ante la actual proliferación de instrumentos utilizados por los distintos actores. En cuarto lugar y ligado al anterior, la transferencia de tecnología necesaria para optimizar los resultados científicos alcanzados, que permita crear un sistema ágil y a la medida de los investigadores. Finalmente, el papel destacado que deben jugar las universidades en el campo del desarrollo científico, buscando fórmulas que respeten su autonomía respecto de las autoridades gubernamentales.

Estas temáticas requieren de un equipo multidisciplinar que las pueda analizar desde diversas perspectivas. Por este motivo, el grupo de investigadores que forma parte de esta línea del IDP se compone de juristas (Laura Díez, Miriam Cueto, Marcos Gómez, Jorge Lozano), sociólogos (Ana Fernández-Zubieta), politólogos (Ramon Galindo) y documentalistas (Llorenç Arguimbau). Además, cuenta con un doctorando especializado en ciencia y universidades (Manel Moya). Este equipo se encuentra abierto a nuevas incorporaciones de investigadores interesados en la materia.

En la actualidad y entre otras actividades, este grupo está llevando a cabo el proyecto “El sistema español de Centros Públicos de Investigación: mapping y prioridades” del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovació, 2015-2017 (DER2014-56386-R).

PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE INICIATIVA PÚBLICA

Desde el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, cuyo objetivo estratégico fue convertir la economía de la Unión en “la economía del conocimiento más competitiva del mundo”, han sido constantes las medidas encaminadas a reforzar la investigación, el desarrollo y la innovación a nivel europeo y también a potenciar los sistemas científicos de los Estados miembros. En esta dirección, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 se reforzaron las capacidades de las instituciones europeas en política científica. La crisis económica y financiera no fue considerada por parte de la Unión ni de la OCDE como un momento para retroceder en la inversión en ciencia, sino como una oportunidad para fomentar la política científica centrándola en los grandes retos sociales, en orden a la creación de puestos de trabajo y para favorecer el crecimiento económico. Ésta es la idea que fundamentó la Innovation Union 2010 y la European Research Area 2012, enmarcadas ambas en la estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. También esta idea se encontraba en el origen de la OECD innovation strategy 2010, que abogaba por la innovación como impulsora del crecimiento y como instrumento para afrontar los desafíos sociales.

En este contexto, la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020 sostiene que “la investigación ha de contribuir al diseño de soluciones que conduzcan a una sociedad innovadora, inclusiva y responsable en un contexto de cambio y transformación sin precedentes”. Sin duda, para conseguir este propósito es imprescindible contar con una estructura orgánica investigadora sólida y potente, que sea capaz de perseguir y alcanzar este objetivo. Así, la pregunta se torna obvia: ¿dispone España de esta estructura orgánica?

La investigación pública en nuestro país se ha organizado tradicionalmente a partir de dos estructuras, las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPIs), entre los que destaca el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A estas estructuras se unieron en los últimos veinte años nuevos centros, que se han constituido en un tercer pilar de la organización de la investigación sustentada con fondos públicos. Estos Centros Públicos de Investigación (CPI) han sido creados por las propias universidades, por los OPIS o a iniciativa de Administraciones públicas, y han adoptado formas jurídicas muy diversas, con o sin personalidad jurídica propia: desde fundaciones a consorcios, pasando por entidades públicas empresariales.

Esta proliferación de CPI ha diversificado extraordinariamente el mapa de la investigación pública en España. Hasta hace poco y pese a que la inversión española en ciencia ha sido importante, no existía un mapa completo de estos Centros y podía incluso afirmarse que tampoco existía una tipología de los mismos. En este contexto se inscribió el Proyecto I+D+I Retos de la Investigación «Los centros públicos de investigación en España: mapping y prioridades» (DER2014-56386-R), financiado por el Ministerio de Educación (Dirección General de Investigación Científica y Técnica) y compuesto por un equipo multidisciplinar de investigadores conformado por juristas, sociólogos y documentalistas especializados en sistemas de investigación: Laura Díez Bueso (Investigadora Principal); Marcos Gómez Puente; Miriam Cueto; Jorge Lozano; Ana Fernández-Zubieta; Mar Aguilera; Eduard Roig; Ramon Galindo y Llorenç Arguimbau.

El objetivo de este Proyecto era doble. Por un lado, elaborar un Atlas completo y actualizado de los CPI que permitiera conocer con detalle su número, organización, forma jurídica, régimen de financiación y posición institucional en el sistema público de fomento de la investigación científica y técnica. Concretamente, se seleccionaron distintos modelos de estructuración del sistema científico que fueran de referencia en España, de forma que pudiera evaluarse la virtualidad de cada modelo: además del sistema de la Administración General del Estado (AGE), se eligieron los sistemas científicos de Cataluña, Madrid y País Vasco.

Por otro lado, el objetivo del Proyecto fue elaborar un estudio completo y actualizado sobre el state of the art de estos Centros y, asimismo, un análisis crítico que permitiera detectar sus fortalezas y debilidades. Este estudio que ha sido publicado por la editorial Huygens bajo el título Los modelos de organización administrativa de la ciencia a revisión: Administración General del Estado, Cataluña, Madrid y País Vasco (ISBN 978-84-17580-04-9).

Atlas de centros de investigación de iniciativa pública [1]

NOTA METODOLÓGICA

Consideración como centro de investigación

A efectos de este Atlas se han tenido en cuenta exclusivamente los centros de investigación de iniciativa pública, con personalidad jurídica propia, que tienen como finalidad principal la investigación básica y/o aplicada. Concretamente, los criterios de inclusión han sido los siguientes:

Se excluyen, pues, universidades y fundaciones universitarias; parques científicos y fundaciones de parques científicos; centros sanitarios y fundaciones sanitarias que no tienen la investigación como finalidad principal; organismos públicos, el objeto principal de los cuales no es la ejecución de actividades de investigación; empresas privadas; fundaciones privadas sin participación del sector público en su patronato y centros tecnológicos y asociaciones con características asimilables.

Para la determinación de los centros se realizó una primera búsqueda a través del inventario de Entes Públicos (INVENTE), CORDIS (Comisión Europea), resoluciones de concesión de proyectos del Plan Nacional de I+D+I, sitios web de organismos de investigación y de las Administraciones públicas, así como memorias e informes de actividad. Posteriormente, se realizó un cuestionario a los propios centros (en 2016-2017) y una depuración de los datos por parte de los miembros del equipo de investigación, eliminando centros fusionados, disueltos o que no tienen la investigación básica o aplicada como actividad principal. Se validaron los datos obtenidos y se obtuvo información sobre los centros que no respondieron a través de las siguientes fuentes de información: presupuestos públicos (Presupuestos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas); inventario de Entes Públicos (INVENTE); portales de transparencia y sitios web; Mapa de Instituciones de I+D+I (FECYT); Institució CERCA; y bases de datos, en especial, Web of Science (WoS), Scopus, European Patent Office (EPO), World Intellectual Property Organization (WIPO) y CORDIS (Comisión Europea).

Atlas de centros de investigación de iniciativa pública [1]

Datos incluidos en el Atlas

ÁREA
DIRECCIÓN
URL
ÁREA ANEP
AÑO CREACIÓN
FORMA LEGAL
TITULARIDAD: Titularidad del centro y origen de los miembros de sus órganos de gobierno (estatutos)
TITULARIDAD (%): Titularidad pública o privada
AGRUPACION
FUSIÓN: si el centro ha sido fusionado o estaba en proceso en el momento de recopilación de los datos
HISTORIA: si lo hubiera, centro precedente
TRANSPARENCIA: Información en su sitio web, en cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (centros)
1. Información relativa a las funciones que desarrollan (art. 6.1)
2. Estructura organizativa, identificación de los responsables y perfil profesional (art. 6.1)
3. Planes y programas en los que se publiquen sus objetivos (art. 6.2)
4. Normativa de aplicación al CPI, y otra información de relevancia jurídica (arts. 6.1, 7)
5. Presupuesto del CPI (art. 8 d))
6. Cuentas anuales (art. 8 d))
7. Relación de contratos y convenios firmados (art. 8.1 a) y b))
8. Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas (art. 8.1 c))
9. Retribución de los responsables de (art. 8.1 f)). Dispone de portal de transparencia en el sitio web
10. No le es de aplicación la Ley 19/2013

TRANSPARENCIA URL (enlace público)
LÍNEAS INVESTIGACIÓN (centros)
PERSONAL (centros o memorias anuales)
INVESTIGADORES (centros o memorias anuales)
PRESUPUESTO (centros o memorias anuales)
PRESUPUESTO (distribución)
PROYECTOS HORIZON 2020 (centros y CORDIS)
PUBLICACIONES WOS (Web of Science)
PATENTES TOTALES (EPO y WIPO)
EMPRESAS ACTIVAS (centros o memorias anuales)
EVALUACIONES (centros o memorias anuales)
ACREDITACIONES (centros o memorias anuales)
MEMORIA (enlace público)
CUENTAS ANUALES (enlace público)
ESTATUTO (enlace público)

Como se ha avanzado, los datos consignados sobre cada uno de los centros están basados en información obtenida de fuentes públicas y/o facilitados por los propios centros. La referencia temporal de los datos, si no se indica una diferente, es el año 2016; por su carácter dinámico, los datos recogidos pueden haber sufrido modificaciones, aunque muestran la dimensión relativa de cada uno de los centros en el sistema de I+D+I. Cualquiera de los centros puede manifestar su discrepancia a través de una comunicación a idp@ub.edu [2].

Para consultar el Atlas de centros de investigación de iniciativa pública, haga clic aquí [1]. La versión interactiva y en línea del mapa permite acceder a la ficha detallada de cada centro clicando en el punto de localización correspondiente.

Atlas de centros de investigación de iniciativa pública [1]